El Gobierno Federal, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado un paso significativo en la transformación de México con la presentación del «Plan C», un paquete de iniciativas constitucionales y legales. Entre las propuestas más destacadas, además de la Reforma al Poder Judicial, se encuentra la reforma al Artículo 2º de la Constitución, que busca garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, misma que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados.
En otro tema, en la Ciudad de México, el reciente decreto de reforma al Artículo 3º de la Constitución local ha generado un intenso debate. La sustitución del término «propiedad privada» por «propiedad social» en el texto constitucional ha llevado a que algunos sectores acusen al gobierno de tendencias comunistas. No obstante, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha enfatizado que esta modificación no pone en riesgo la propiedad privada, la cual sigue protegida bajo el Artículo 27 de la Constitución Federal, sentenció la abogada y activista, Nohemí Guadalupe González López.
Esta reforma se enmarca en la lucha contra la gentrificación y los despojos organizados por grandes consorcios inmobiliarios en la Ciudad de México. La semana pasada, se aprobó un límite al incremento desmedido de rentas y se implementaron más filtros para impedir el subarrendamiento que ha beneficiado a plataformas como Airbnb, sentenció Nohemí Guadalupe González López.
Finalmente, el legislador federal abordó dos temas relacionados con el medio ambiente, el primero referente a las recientes lluvias en Puebla y su área metropolitana, ya que han expuesto nuevamente la vulnerabilidad de los fraccionamientos residenciales en Lomas de Angelópolis, ya que al ubicarse en las inmediaciones del Río Atoyac, estos desarrollos han sido víctimas de inundaciones, malos olores y una burbuja inmobiliaria provocada por un crecimiento artificial de los precios de las viviendas, que no corresponde con la demanda real de la sociedad, señaló el líder morenista..
El segundo tema fue la protesta realizada por productores de cebada de las regiones de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México que han iniciado un plantón frente a las instalaciones de la Cervecera Heineken, como respuesta a la decisión de la empresa de reducir el precio pactado por tonelada de cebada. Hace tres años, los productores lograron un acuerdo con Heineken, asegurando un precio de 8 mil 680 pesos por tonelada para un periodo de tres años. Sin embargo, la empresa ahora ofrece solo 7 mil 400 pesos, argumentando que ha comenzado a importar el 20% de la malta que utiliza. Esta reducción ha generado un fuerte descontento entre los agricultores, quienes consideran que la multinacional está incumpliendo un acuerdo vital para la estabilidad económica de sus comunidades. Este plantón es el segundo en menos de cuatro meses contra Heineken, que ha cancelado contratos y cerrado las puertas al diálogo. Cerca de 14,000 productores de cebada de nueve estados se encuentran en pie de lucha, exigiendo que se respete el precio pactado de 8,680 pesos por tonelada, concluyó el lider barzonista