Durante el neoliberalismo la construcción de vivienda fue usurera y perversa, eso está por cambiar
En los próximos días, la Cámara de Diputados discutirá y aprobará una reforma histórica en materia de vivienda social en México. Esta iniciativa, que modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en más del 50 por ciento, tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores del país.
Con la aprobación del dictamen en el Senado, con 67 votos a favor y 27 en contra, esta reforma marca un hito en la política social mexicana y configura el esquema mercantilista con el que se construía vivienda en el neoliberalismo, teniendo por consecuencia casas caras, de mala calidad, con malas distribuciones y sin servicios o pocos accesos de movilidad.
Entre los puntos clave de la reforma destaca la incorporación del INFONAVIT como constructor de vivienda a través de una empresa filial, con la posibilidad de coordinarse con actores públicos, privados y sociales. Esto permitirá reactivar la economía y generar empleo, atendiendo el creciente déficit habitacional que, según datos oficiales, asciende a más de 9 millones de viviendas en el país.
Con ello, se busca fortalecer la oferta de vivienda con criterios de equidad y prioridad para sectores vulnerables como madres solteras, jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Además de reactivar la economía de manera regional, por ello, en mi posición como legislador, defenderé que se contrate a mano de obra y a empresas de las diferentes regiones del país, asegurando que se genere riqueza y fluidez de dinero.
Uno de los aspectos más innovadores de esta reforma es la figura del «arrendamiento social», que permitirá a las y los trabajadores acceder a viviendas en condiciones accesibles y con posibilidad de compra posterior. Este esquema se sustenta en un modelo de empresa filial del INFONAVIT, la cual operará bajo criterios de eficiencia operativa, buscando eliminar fines lucrativos y priorizando el interés social. Además, la reforma establece que los inmuebles destinados a este programa estarán exentos de impuestos, lo que facilitará su adquisición y mantenimiento, lo que beneficiará principalmente a nuestros trabajadores más jóvenes.
La relevancia de esta reforma radica en su impacto directo en la calidad de vida de millones de trabajadores. Actualmente, según datos del INFONAVIT, el 60 por ciento de los acreditados tienen ingresos menores a cuatro salarios mínimos, lo que limita su acceso a opciones de vivienda adecuada. La reforma pretende atender esta problemática con medidas que faciliten el acceso a créditos y arrendamientos flexibles, sin intermediarios que encarezcan el proceso.
Finalmente, es importante destacar que esta reforma no está exenta de retos. La implementación eficaz de los nuevos esquemas de vivienda requerirá una supervisión rigurosa para evitar actos de corrupción o desvío de recursos. La transparencia y rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
En conclusión, la reforma de la Ley del INFONAVIT representa un paso firme hacia la materialización del derecho a la vivienda digna en México. Su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la colaboración de todos los sectores involucrados. Las y los trabajadores merecen una política de vivienda que atienda sus necesidades de manera justa y equitativa, y esta reforma tiene el potencial de hacerlo realidad.