El ahorro de las y los trabajadores es la base de una seguridad social justa y sin simulaciones
En el Congreso de la Unión estamos sesionando un periodo extraordinario que como toda práctica legislativa es opacada mediáticamente por estridencias rudimentarias de la política mexicana.
Los temas que han dominado la agenda pública son: las reformas al Poder Judicial, los debates en materia de seguridad y comunicaciones, etcétera, provocando que otras reformas igualmente relevantes, como la modificación al artículo 191 de la Ley del Seguro Social y la llamada Ley Mincho queden relegadas y prácticamente sean desconocidas por el grueso de la población.
La reforma al artículo 191 que propuse tiene un objetivo muy claro: proteger el ahorro pensionario de las y los trabajadores, evitar fraudes y frenar los abusos de gestores y despachos que lucran con la necesidad de quienes pierden su empleo. En 2025, 428 mil 447 trabajadoras y trabajadores realizaron retiros por desempleo por un monto total de 8 mil 238.2 millones de pesos. De esa cantidad, el 70 % (equivalente a 5 mil 285.5 millones de pesos) se retiró bajo la modalidad A, y el 30 % restante (es decir, 2 mil 952.8 millones de pesos) bajo la modalidad B.
La modalidad A (retiro por modalidad A) permite retirar hasta treinta días del salario base de cotización del último periodo, con un límite de diez veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para poder acceder, la cuenta individual debe tener al menos tres años de antigüedad y se deben haber cotizado doce bimestres al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La modalidad B (retiro por modalidad B) permite retirar el monto que resulte menor entre dos opciones: noventa días del salario base de cotización promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas o el 11.5 % del saldo disponible en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). En este caso, la cuenta individual debe tener al menos cinco años de antigüedad.
El problema es grave y real. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) detectó empresas que dieron de alta a más de seis mil trabajadoras y trabajadores por un solo día, lo que permitió realizar retiros fraudulentos por hasta 213 millones de pesos. Este tipo de prácticas no solo afectan directamente a las y los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones.
La reforma que impulsé establece nuevas reglas claras y justas: en la modalidad A, ahora se calculará el retiro con base en el salario base promedio de las últimas cincuenta y dos semanas, no sobre el último salario registrado, evitando así manipulaciones. Se mantiene el tope máximo de diez UMA. En la modalidad B, el monto máximo seguirá siendo el menor entre noventa días del salario promedio de hasta doscientas cincuenta semanas y el 11.5 % del saldo acumulado en la subcuenta.
Por otro lado, la Ley Mincho —también aprobada durante este periodo extraordinario y lamentablemente invisibilizada en el debate público— representa un avance histórico en materia de protección animal. Esta ley, impulsada por la asociación “Animal Héroes”, prohíbe la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, el uso de nuevas especies para espectáculos y terapias, y establece un plazo de dieciocho meses para que los centros de entretenimiento adapten sus instalaciones o reconviertan sus actividades. Su nombre proviene de “Mincho”, un delfín emblemático que simbolizó la lucha contra el uso de estos animales en espectáculos.
Ambas reformas fueron aprobadas por unanimidad: la modificación al artículo 191 recibió 476 votos a favor, y la Ley Mincho, 415 votos. Sin embargo, han quedado relegadas ante el ruido mediático de otros temas. Este hecho evidencia la urgencia de volver la mirada a iniciativas que, aunque menos mediáticas, impactan de forma directa y positiva en la vida de millones de personas y en el respeto a otras formas de vida.
El ahorro pensionario no es un fondo extra ni una oportunidad para intermediarios sin escrúpulos. Es el fruto de años de trabajo y sacrificio, y debe ser defendido como un derecho sagrado para el retiro.
Hoy más que nunca necesitamos priorizar estas discusiones y recordar que nuestro deber es legislar para dignificar la vida de las y los mexicanos, garantizar su seguridad social y proteger nuestro entorno.