Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se inaugura un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial.
Al comienzo del año 2025, comenzará a operar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia al nivel de una secretaría de Estado que absorberá las facultades de política pública en materia de telecomunicaciones.
En lo que toca, a la licitación y supervisión del aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como el otorgamiento, revocación y autorización de cambios en el control accionario de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, las facultades serán transferidas a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).
Mientras que en materia de competencia económica, queda pendiente la conformación de la entidad que velará por nivelar el terreno de juego entre los jugadores del mercado.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se contempla una drástica reducción presupuestal de 70.2% con respecto al monto proyectado para el IFT que tan sólo recibirá $500 millones de pesos (mdp). Estos recursos estarán principalmente destinados a la conclusión de actividades y al pago de liquidaciones para sus trabajadores de confianza y por honorarios, así como para aquellos que opten por el retiro voluntario o anticipado.
En contraste, la ATDT se crea con un presupuesto de $3,010 mdp, al captar una asignación de funciones de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Dirección de la Red de Telecomunicaciones, la Dirección de la Red Troncal, la prestación del servicio público de telégrafos, los giros telegráficos nacionales e internacionales, los servicios financieros y financiamiento, a cargo de Financiera para el Bienestar.
Por otro lado, el nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones fortalece el papel de la SICT, que, con un presupuesto incrementado a $147,511 mdp (4.8% más que el proyectado), deberá asumir funciones críticas en regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En conclusión, el nuevo modelo regulatorio que introduce la ATDT y reasigna las facultades y obligaciones hasta ahora otorgadas al IFT representa un cambio estructural significativo, aunque subóptimo, para la regulación y la competencia económica en el sector de telecomunicaciones en México.