Debemos defender la carrera judicial y la división de poderes que son pilares fundamentales
La austeridad no debe ser un argumento para consolidar el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia en el paÃs y sustituirlo por un esquema de concurso de popularidad.
La elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular, como se propone en la Reforma al Poder Judicial de la Federación que promueve el presidente López Obrador, no es la solución para los graves problemas estructurales de la impartición de justicia en México.
Es una locura querer poner en una boleta hasta 300 nombres de personas que buscarán ser jueces, ministros y magistrados, para que sea la ciudadanÃa la que elija.
¿Cómo se garantizará que la ciudadanÃa conocerá todos los perfiles de las personas que participarán para tomar la mejor decisión? Simplemente, un disparate.
Para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y mejorar la impartición de justicia en el paÃs, se debe modernizar el sistema de carrera judicial y fortalecer los exámenes para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos.
Debemos defender la carrera judicial y la división de poderes que son pilares fundamentales para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre.
Ser juzgador federal de México, representa una alta distinción como jurisconsulto, implica preparación y sacrificio. Son el capital humano profesional al servicio del pueblo. No deben ser blanco de persecución.
Además, las propuestas planteadas en la reforma, encierran violacionesÂa los postulados fundamentales, a la independencia judicial, como lo es el cese masivo de titulares, desde ministros, ministras, juezas federales, jueces de Distrito; y la cancelación de la práctica de la carrera judicial.
Fortalecer la carrera judicial es un punto total, representa tener profesionales preparados y debidamente equipados para defender legalmente al inocente. Es en beneficio de los pueblos, comunidades, en lo individual y en lo colectivo.
Es un grave error mezclar intencionalmente la justicia social y polÃtica que corresponde al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde al Poder Judicial de la Federación.
La reforma promovida desde Palacio Nacional representa un riesgo para la vida democrática y republicana del paÃs y una amenaza para el Poder Judicial de la Federación.
No podemos permitir que desde el Ejecutivo Federal y utilizando al Poder Legislativo, se destruya a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder polÃtico absoluto en nuestro paÃs.
Es inadmisible someter a un poder soberano de la Unión como lo pretende el titular del Ejecutivo Federal a través de su reforma.