Acá entre nos, la propuesta de construir un sistema de Cablebús en Puebla ha abierto un debate que, en realidad, va mucho más allá de un proyecto de transporte.
Lo que está en discusión es el modelo de movilidad que necesita la zona metropolitana de la Angelópolis y, sobre todo, la capacidad del Estado para transformar un sistema históricamente capturado por intereses particulares.
El Cablebús, inspirado en experiencias exitosas de ciudades latinoamericanas como Medellín (Colombia) o La Paz (Bolivia), ha demostrado que el transporte por teleférico no es un capricho turístico ni una ocurrencia tecnológica. Se trata de una solución eficaz para zonas con pendientes pronunciadas, trayectos largos y colonias con baja conectividad.
En estos contextos, los teleféricos reducen tiempos de traslado, disminuyen costos operativos y, algo fundamental para las ciudades contemporáneas, generan una huella ambiental considerablemente menor que el transporte motorizado tradicional.
El ejemplo más cercano en México es el sistema desarrollado en Ciudad de México, donde el Cablebús de la CDMX ha permitido conectar zonas históricamente aisladas con estaciones del metro y otros sistemas de transporte masivo. No sólo ha reducido tiempos de traslado; también ha dignificado la movilidad de miles de personas que antes dependían de múltiples microbuses y rutas informales.
En Puebla, un sistema similar podría representar un cambio estructural para zonas donde el transporte convencional ha sido insuficiente o abiertamente caótico. La realidad es conocida por todos: rutas saturadas, unidades envejecidas, recorridos poco regulados, accidentes viales y una lógica de competencia por el pasaje que deteriora tanto la seguridad vial como la calidad del servicio.
Por eso no sorprende que el anuncio del Cablebús haya provocado resistencias. La primera proviene de lo que muchos ciudadanos identifican como la mafia del transporte: grupos que durante décadas han controlado rutas, concesiones y decisiones públicas relacionadas con la movilidad. Para estos intereses, cualquier sistema moderno, regulado y masivo representa una amenaza directa a su modelo de negocio.
Sin embargo, hay otro fenómeno igualmente curioso. A esta resistencia se han sumado algunos supuestos colectivos ecologistas que, de manera repentina, han descubierto riesgos ambientales en un sistema que, en términos comparativos, es uno de los transportes urbanos con menor impacto ecológico.
El argumento ambiental, en principio legítimo, merece ser analizado con seriedad. Todo proyecto de infraestructura debe cumplir estudios técnicos rigurosos y garantizar la protección de áreas naturales.
Pero cuando la crítica se limita a consignas, sin análisis técnico ni propuestas alternativas de movilidad sustentable, surge una duda razonable: ¿se trata realmente de una defensa del medio ambiente o de una oposición funcional a los intereses que buscan mantener intacto el viejo sistema de transporte?Las ciudades modernas enfrentan un dilema claro: o transforman su movilidad con sistemas integrados, limpios y eficientes, o quedan atrapadas en esquemas obsoletos que condenan a millones de personas a traslados largos, inseguros y contaminantes.
El Cablebús no resolverá por sí solo todos los problemas de movilidad en la Angelópolis. Pero puede convertirse en una pieza importante de un sistema metropolitano más racional si se integra con rutas alimentadoras, transporte público regulado y una planeación urbana seria.
En el fondo, el debate no es tecnológico ni ambiental. Es político. Se trata de decidir si la movilidad seguirá respondiendo a intereses corporativos o si, finalmente, se diseñará pensando en el derecho de los ciudadanos a moverse con dignidad.
Acá entre nos, esa decisión, inevitablemente, incomodará a quienes durante décadas han hecho del transporte público un negocio privado.
**El autor es municipalista
Correo: gabriel.lopez@ideasac.org.mx
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