En México la previsión de riesgos es débil en el ámbito institucional
La falta de previsión de riesgos climatológicos a nivel municipal ha provocado una tragedia en cinco estados de la República, entre ellos la región de la Sierra Norte de Puebla. En los últimos días, se han reportado más de mil 200 viviendas afectadas, 9 puentes colapsados y múltiples derrumbes carreteros que han dejado comunidades enteras incomunicadas.
La muerte de al menos 19 personas en deslaves registrados en zonas de alta pendiente, así como la evacuación de más de mil 500 personas en albergues temporales y varios desaparecidos.
Las imágenes satelitales difundidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Protección Civil muestran cómo las precipitaciones superaron los 180 mm en 24 horas en varias localidades serranas, llegando en algunos municipios a 400 mm, un nivel de lluvia considerado extremo y con potencial destructivo.
Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos no es por qué llovió tanto, sino por qué una lluvia previsible, que incluso fue anunciada con días de antelación, termina generando pérdidas humanas y materiales de esta magnitud. La respuesta se encuentra en una deuda estructural: la falta de una verdadera gestión integral del riesgo en todos los niveles de gobierno, sobre todo el municipal.
Gestionar el riesgo no es solamente reaccionar ante desastres, sino anticiparse a ellos, es decir implica una visión proactiva, mapear peligros, reducir vulnerabilidades y construir capacidades sociales e institucionales para responder antes, durante y después de las emergencias.
En el caso de México, tenemos un marco legal relativamente sólido —la Ley General de Protección Civil y las estrategias estatales de reducción del riesgo de desastres—, pero su aplicación es desigual y fragmentada.
La gestión integral del riesgo, como la define la ONU y se ha asumido en diversos tratados internacionales firmados por México, debe incluir la planificación urbana, el ordenamiento ecológico del territorio, la educación comunitaria, la protección ambiental y la justicia social. Sin embargo, ¿cómo hablar de resiliencia en comunidades que no tienen drenaje, cuyos caminos son de terracería y cuyos habitantes viven en laderas irregulares, propiedad privada invadida, propiedad comunal que antes fue agrícola o zonas de reserva natural, barrancas, laderas o montes?
La Sierra Norte de Puebla representa uno de los contrastes más duros del país. Una zona rica en recursos naturales, biodiversidad y cultura, pero históricamente marginada por la inversión pública. A pesar de que el Atlas Estatal de Riesgos ha identificado más de 300 zonas de alta peligrosidad por deslizamientos de tierra en la región, seguimos permitiendo construcciones en zonas no aptas, sin estudios geotécnicos, sin protección civil comunitaria y sin mecanismos de alerta temprana funcionales.
Este abandono no es un problema técnico, es un problema político. Y como legislador federal y militante de Morena, me toca decirlo con claridad: no basta con prometer apoyos después del desastre; es urgente transformar las políticas públicas para que el centro de la acción del Estado sea la vida digna y segura de las personas, no el cálculo presupuestal de corto plazo.
La gestión del riesgo tiene que dejar de ser una carpeta burocrática y convertirse en un eje transversal del desarrollo. Debe integrarse en la política de vivienda, evitando construcciones en zonas inestables; en la política ambiental, restaurando cuencas y reforestando áreas críticas; en la movilidad, garantizando rutas seguras de evacuación; en la seguridad social, generando redes de apoyo comunitario.
El enfoque preventivo es mucho más económico y eficaz que la respuesta reactiva. Cada peso invertido en prevención ahorra entre 5 y 10 pesos en reconstrucción, según cifras del Banco Mundial. Lo anterior sólo evidencia que a nivel municipal seguimos improvisando y exponiendo vidas y patrimonio de los ciudadanos.
Tw: @acarvajalh