Acá entre nos, en el diseño constitucional mexicano, el municipio no es una concesión administrativa: es la célula básica del Estado. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deja lugar a dudas: el municipio es libre, autónomo en su hacienda y responsable de los servicios públicos fundamentales. Ahí, en ese primer contacto entre gobierno y ciudadanía, debería latir con más fuerza la democracia.
Y, sin embargo, hoy el municipio vive una paradoja. Mientras el país debate sobre polarización, seguridad, crecimiento económico y reformas institucionales, la escala municipal (la más cercana a la gente) sigue siendo la más débil en capacidades técnicas, financieras y, muchas veces, políticas.
El llamado “municipio libre” nació como respuesta histórica al centralismo. Desde el constituyente de 1917 se buscó romper con la figura del jefe político porfirista y otorgar a los ayuntamientos facultades reales. Pero más de un siglo después, la autonomía formal no siempre se traduce en autonomía efectiva. La dependencia de participaciones federales y estatales limita la planeación de largo plazo; la baja recaudación del impuesto predial refleja tanto rezagos administrativos como costos políticos que pocos alcaldes están dispuestos a asumir.
En el contexto actual (marcado por exigencias sociales más sofisticadas, una ciudadanía digital y una presión creciente por resultados inmediatos) el municipio enfrenta tres grandes desafíos.
Primero, la seguridad. Aunque la coordinación corresponde a los tres órdenes de gobierno, es en la calle, en la colonia y en la junta auxiliar donde se mide la percepción ciudadana. Sin policías profesionalizadas, controles de confianza sólidos y estrategias de prevención social, el discurso nacional se diluye en la realidad local.
Segundo, la gestión del desarrollo. Los municipios son responsables del ordenamiento territorial, del uso de suelo y de los servicios básicos. En estados como Puebla, donde conviven zonas metropolitanas dinámicas con municipios rurales en rezago estructural, la brecha de capacidades es evidente. Mientras algunos ayuntamientos discuten agendas de internacionalización o innovación pública, otros apenas pueden sostener su nómina.
Tercero, la profesionalización. La reelección municipal, incorporada tras la reforma político-electoral de 2014, abrió la puerta a la continuidad administrativa. Sin embargo, sin servicios civiles de carrera, sin indicadores de desempeño y sin planeación basada en evidencia, cada trienio corre el riesgo de empezar desde cero.
El municipio libre no necesita más discurso, sino más herramientas. Requiere haciendas públicas fortalecidas, catastros actualizados, planeación alineada a resultados y una verdadera coordinación intergubernamental que no sea subordinación. Pero también exige voluntad política. Porque no todo es falta de recursos: a veces es falta de decisión (y de visión) para cobrar lo que corresponde, para transparentar lo que se gasta y para asumir los costos de gobernar.
La transformación del país no se juega únicamente en Palacio Nacional ni en los congresos estatales. Se juega en los cabildos, en las comisiones municipales, en la firma de un permiso de construcción, en la calidad del alumbrado público, en la eficiencia de la recolección de basura.
Si el municipio fracasa, fracasa la república en su escala más concreta. Si el municipio se fortalece, la democracia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en experiencia cotidiana.
Acá entre Nos, el municipio libre es, en teoría, la base del federalismo mexicano. La pregunta es si estamos dispuestos a tratarlo como tal.
**El Autor es municipalista
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