La reciente aprobada y publicada Ley de Economía Circular en México activó un nuevo esquema regulatorio que transforma la manera en que las empresas producen, diseñan, usan materiales y gestionan residuos.
La ley establece reglas para que la actividad económica transite de un modelo lineal que va de, producir, consumir y desechar, a uno circular que prioriza extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y reincorporar materiales a los procesos productivos.
Aunque en primera instancia pareciera que la LGEC solo impactará la forma en que las empresas deberán realizar diversas acciones para enfrentar los problemas ambientales que provoca el modelo actual en la gestión ambiental y de residuos en México, este nuevo modelo tendrá efectos directos y crecientes para los municipios del país.
Impacto en la gobernanza y la vida local.
Los municipios deben transformar sus sistemas de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos para alinearse con los principios de la economía circular. La gestión ya no consiste únicamente en “barrer y tirar”, sino en recuperar materiales con valor, promover separación en origen, reciclaje y reutilización.
Lo anterior implica que los gobiernos locales deberán desarrollar estrategias y procesos de separación de residuos sólidos antes de su disposición final, por lo que tendrán que planear la reconversión de rellenos sanitarios en centro de valorización dentro de 5 años, reduciendo la disposición final en vertederos.
Esto representa un reto técnico y operativo, especialmente para municipios pequeños o con recursos limitados.
Por otra parte, los Ayuntamientos tendrán que elaborar programas municipales de economía circular, alineados con el Programa Nacional, así como llevar a cabo estrategias para informar, capacitar y cambiar hábitos de consumo y separación de residuos de la población, por ser el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.
La ley reconoce el trabajo de las personas recicladoras de base (“pepenadores”) como parte del sistema de reciclaje, lo que obliga a los municipios a integrarlos formalmente en la gestión de residuos, garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras, así como profesionalizar su actividad y facilitar su participación en el sistema formal.
En cuanto a recursos financieros y presupuestas, la LGEC no establece recursos adicionales obligatorios, por lo que los gobiernos locales deberán reasignar recursos existentes para atender las nuevas responsabilidades, buscar sinergias con otros programas, convenios y financiamientos con instancias estatales y federales o bien posibilitar colaboración entre municipios para compartir infraestructura y conocimientos. Lo anterior puede generar presión en presupuestos municipales sin aumentos directos de ingresos.
Finalmente, la ley introduce la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), donde productores deben hacerse cargo del impacto de sus productos. En este sentido los Ayuntamientos tendrán que facilitar el establecimiento de infraestructura de acopio, coordinar con organismos de productores para implementar sistemas de recolección y reciclaje, así como supervisar el cumplimiento de obligaciones de productores en su territorio.
En conclusión, los gobiernos locales tienen a partir de este año, de acuerdo a LGEC, un nuevo papel de facilitador y regulador local.
De inicio y para cumplir con las exigencias que marca la ley, este año deberán poner énfasis en separación en origen, campañas educativas y programas municipales de economía circular.
Nos leemos en la próxima, gracias por su lectura y sus comentarios.
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