Se ha detectado que algunos municipios poblanos requieren de implementar un reforzamiento en la transparencia y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos; para ello se necesita crear comisiones ciudadanas con el aval del Gobierno del Estado para supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos. Tal es el caso de San Pedro Cholula, Cuautlancingo, y San Andrés Cholula.
Crear un organismo regional de trasparecía es vital, sobre todo en los principales municipios del estado de Puebla, donde los ayuntamientos sean permanentemente evaluados mediante la ciudadanía por medio de comités técnicos del bienestar. De este modo se fortalece la rendición de cuentas directamente con el pueblo y se reducen los riesgos de corrupción y/o malos manejos de las cuentas públicas.
Reforzar la capacitación permite fundamentar ética, legal y profesionalmente las acciones de los servidores públicos de todos los niveles, hasta de los presidentes municipales. Así se previenen responsabilidades administrativas por imprecisiones o desvío de recursos que afecten la presupuestación. De este modo la transparencia y la legalidad de los municipios, garantizan que los recursos públicos se ejerzan de una forma ética, responsable y transparente, asegurando la aprobación social y la rendición de cuentas claras en la administración pública de obras, para el bienestar de la sociedad poblana.
Por lo tanto se requiere promover en todos los municipios mediante campañas de difusión, una cultura de legalidad, para fomentar la confianza del pueblo y difundir la cultura del bienestar para toda la ciudadanía; con sentido social en el ejercicio de los recursos públicos, el acceso a la información, y la participación ciudadana mediante comités técnicos del bienestar, asegurando la rendición de cuentas, desarrollando políticas públicas y mecanismos que garanticen con claridad los gastos e inversión, y que sean verificables, comprensibles, y completos, mediante metodologías accesibles para toda la población.
Ante este escenario, es fundamental que exista una verdadera contraloría ciudadana que supervise el desempeño gubernamental y la correcta aplicación de los recursos públicos por parte de las y los presidentes municipales. Asimismo, el Gobierno federal y el estatal, a través de las secretarías y organismos públicos descentralizados vinculados con estos municipios, deben actuar de manera oportuna y responsable, ejerciendo sus atribuciones de supervisión, acompañamiento y, en su caso, sanción. Actualmente, diversos gobiernos municipales ejecutan obras con sobrecostos desmedidos, sin que estas atiendan de manera efectiva los problemas más apremiantes de la población, lo que debilita la confianza ciudadana y el desarrollo local.
Es así como una política pública clave para enfrentar esta problemática es la capacitación permanente en materia de contraloría social, correcta aplicación de los recursos públicos, así como en las funciones, facultades y responsabilidades a las que deben apegarse las autoridades municipales conforme a la ley.
En este sentido, resulta indispensable dar un impulso renovado al fortalecimiento institucional municipal, a través de instancias regionales de coordinación; e incluso del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl, como herramientas para mejorar la planeación, ejecución y supervisión de la gestión pública local.
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