La nueva Ley General de Economía Circular (LGEC) en México es un ordenamiento histórico que busca transformar el modelo productivo y ambiental del país.
El pasado 19 de enero, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular (LGEC), un nuevo marco jurídico de orden público e interés social que regula la transición hacia un modelo productivo más sustentable.
Esta ley no solo redefine la gestión de residuos, sino que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La LGEC busca cuidar el medio ambiente mediante políticas y mecanismos que incrementen la vida útil de productos, minimicen la generación de residuos y promuevan la reutilización, recuperación, aprovechamiento y valorización de materiales.
En la ley se destaca la coordinación de las acciones entre los tres niveles de gobierno, ya que lo que se busca es transitar del tradicional modelo “lineal” (extraer – producir – desechar) hacia uno circular, donde los recursos se mantienen en uso por más tiempo con menor impacto ambiental.
La ley establece la creación de un Sistema Nacional de Economía Circular y una plataforma pública de información, que coordinarán acciones, permitirán seguimiento de metas, mayor transparencia y facilitarán la trazabilidad de materiales.
La LGEC promueve la innovación tecnológica, la educación en cultura circular y el desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento de residuos. También contempla instrumentos económicos y distintivos que favorezcan la adopción de prácticas circulares.
Un componente social relevante es el reconocimiento explícito del reciclaje inclusivo, que dignifica y visibiliza el trabajo de las personas recicladoras informales, integrándolas como actores clave dentro de los sistemas de gestión circular.
La ley responde a un contexto crítico en México: la generación de residuos sólidos supera las 120,000 toneladas al día, pero una fracción mínima se recicla, mientras miles de tiraderos a cielo abierto causan daños ambientales y de salud.
El nuevo marco normativo puede reducir estos impactos al fomentar la reutilización, reciclaje y diseño de productos duraderos.
En lo económico, la Ley busca incentivar modelos de negocio circulares para impulsar la innovación industrial, mejorar competitividad y generar empleos verdes, particularmente en sectores emergentes de servicios ambientales y gestión de residuos.
La LGEC ha sido objeto de críticas de organizaciones ambientalistas que señalan deficiencias en su diseño y potencial insuficiente para cumplir con objetivos ambientales ambiciosos si no hay un marco normativo secundario sólido y mecanismos de fiscalización efectivos.
Otros análisis sugieren que solo con políticas bien articuladas entre gobierno, empresas y sociedad civil, y con incentivos económicos vinculantes, la ley puede trascender de una declaración de principios a prácticas reales de reducción de residuos.
Para lograr lo anterior, se requiere de reglamentaciones claras, coordinación eficiente entre los gobiernos federal-estatal-municipal, participación activa y comprometida de los Ayuntamientos, capacitación técnica y acceso a infraestructura.
La Ley General de Economía Circular representa un punto de inflexión para la política ambiental y económica de México. Tiene el potencial de transformar profundamente cómo se diseñan los productos, cómo se generan y manejan los residuos y cómo se integran prácticas sustentables en las cadenas de valor nacionales.
Su éxito dependerá, sin embargo, de la voluntad política, claridad regulatoria, capacidades institucionales y participación de todos los sectores, desde empresas hasta comunidades y gobiernos locales.
Nos leemos en la próxima, gracias por su lectura y sus comentarios.
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