
Autoridades y pobladores denuncian que la Familia Aizpuru lleva a cabo un aprovechamiento forestal ilegal en terrenos del Izta–Popo.
La comunidad acusa que están talando decenas de árboles —jóvenes y maduros— sin que los cortes correspondan al permiso otorgado.
El pasado 24 de noviembre hubo una asamblea en la comunidad donde se confrontó al señor Aizpuru por la tala y el tránsito de camiones madereros sin autorización. Tras las denuncias, un comité de vigilancia comunitario, con apoyo técnico de CONAFOR, detectó irregularidades: tala de distintos tamaños de árboles, cortes en zonas prohibidas, y un patrón de sellado de árboles ya cortados.
Según pobladores, la propiedad de la familia Aizpuru proviene de un antiguo latifundio, con cerca de 13 800 hectáreas entre las montañas del Izta–Popo, que tras la Revolución Mexicana fue devuelto en ejido a varios pueblos: Calpan, Ozolco, Atexco, Buenavista.
A nivel estatal, se impulsa un programa de reforestación y creación de “ecoparques” en zonas vulnerables, incluida la región Izta-Popo. Sin embargo, el problema de los aserraderos clandestinos persiste: según autoridades estatales, hasta 70 % de los aserraderos en Puebla operan sin regulación, lo que complica la vigilancia.
La tala ilegal también atenta contra derechos colectivos: al bosque, al agua, a la tierra ancestral, y refleja un conflicto histórico de restitución territorial en la zona.
La pérdida de bosque compromete la conservación de ecosistemas locales: suelos, fauna, flora, biodiversidad.
