Una amenaza silenciosa que atenta directamente al presupuesto público
En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 una amenaza que año con año evidencia el daño que hace a las finanzas del Estado, son las facturas falsas y las operaciones simuladas para evadir responsabilidades fiscales.
Ese dinero que se desvía debió financiar hospitales, universidades, programas de vivienda social y transporte público seguro, sin embargo, terminó alimentando economías ilegales o cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Durante años se normalizó un mercado paralelo de comprobantes fiscales falsos —las llamadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS)— que permitía a grandes corporaciones y redes de corrupción pública evadir impuestos mediante operaciones inexistentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que, solo entre 2014 y 2019, estas prácticas generaron más de 8.8 millones de facturas falsas por un valor superior a 1.6 billones de pesos, equivalentes al 1.4% del PIB.
La magnitud del problema es alarmante. Se calcula que las factureras han operado con un impacto cercano al 5–6 % del Producto Interno Bruto, cifra que compite con el presupuesto anual de programas prioritarios como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores o el impulso a la vivienda popular.
En 2019, el Congreso —con mayoría de Morena— impulsó reformas históricas que tipificaron la expedición de facturas falsas como delito de delincuencia organizada, incluyeron prisión preventiva para los casos más graves y fortalecieron la capacidad del Estado para bloquear sellos digitales y desarticular redes de evasión.
Sin embargo, los avances no son suficientes frente a la sofisticación del fraude fiscal. Las EFOS se adaptan: operan desde domicilios virtuales, usan prestanombres jóvenes sin patrimonio, simulan servicios intangibles difíciles de auditar y mueven recursos mediante estructuras corporativas complejas para ocultar beneficiarios reales.
Incluso han penetrado sectores sensibles como la salud, donde se documentaron miles de facturas falsas para desviar recursos públicos, afectando hospitales y medicamentos.
En el debate del PEF 2026 debemos tener claridad: cada peso que se pierde en evasión mediante facturas falsas es un peso menos para garantizar vivienda digna a miles de familias, ampliar el transporte público, fortalecer el sistema de salud o invertir en la transición energética y el cuidado ambiental. Defender el presupuesto no solo es asignar cifras; es cerrar fugas fiscales que benefician a quienes han hecho del fraude un modelo de negocio.
El combate a la facturación falsa no es un capricho de la Cuarta Transformación; es una apuesta por la justicia fiscal. En un país donde la recaudación representa apenas el 16 % del PIB —lejos del promedio de la OCDE—, no podemos permitir que un puñado de evasores robe al pueblo recursos que sostienen derechos. Morena llegó para acabar con los privilegios y proteger el erario frente a intereses privados que lucran con la corrupción.
Al discutir el presupuesto 2026, debemos recordar que el gasto social que defendemos —pensiones, becas, movilidad sustentable, vivienda asequible— solo será sostenible si cerramos de raíz el mercado negro de facturas falsas. Sin justicia tributaria no hay transformación posible.