La falta de regulación al transporte pesado cobra vidas y exige una revisión urgente
La tragedia ocurrida recientemente en Iztapalapa nos obliga a reflexionar con seriedad sobre un vacío regulatorio que, por omisión o falta de voluntad política, hemos tolerado durante años: la falta de inspecciones y mantenimiento obligatorio a los vehículos automotores utilizados como herramientas de trabajo, el transporte pesado de doble remolque, así como el transporte de materiales peligrosos.
El pasado 10 de septiembre de 2025, una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP volcó sobre el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La explosión dejó al menos 13 muertos y más de 90 lesionados, entre ellos decenas con quemaduras graves. El fuego alcanzó automóviles cercanos, incendió al menos 28 vehículos y provocó daños severos en infraestructura vial y viviendas cercanas.
En México circulan más de 53 millones de vehículos, de los cuales 11.5 millones son camiones de carga y cerca de 850 mil son autobuses de pasajeros. Esta flota, base de la economía nacional, representa también un riesgo creciente.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no realiza inspecciones obligatorias a los vehículos utilizados como herramientas de trabajo, pues no existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que los contemple explícitamente para mantenimiento preventivo obligatorio, ni para unidades de doble remolque o transporte de materiales peligrosos.
La Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a proporcionar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo, pero no sanciona con fuerza la omisión de mantenimiento mecánico o de seguridad en vehículos pesados, pipas o unidades de transporte de carga peligrosa. Esa laguna favorece que circulen camiones con frenos defectuosos, neumáticos desgastados, suspensión en mal estado o sistemas eléctricos averiados, que en condiciones de sobrecarga o velocidad puedan terminar en tragedia.
Los accidentes viales que involucran transporte pesado no son raros. Según datos del INEGI del año 2024, vehículos pesados (camiones y tractocamiones) participaron en 26 mil 752 accidentes en zonas urbanas, aunque su participación ha disminuido ligeramente frente al año anterior. Esta cifra muestra que el riesgo está ahí, presente todos los días, incluso si no terminamos cada vez en titulares.
Regular el transporte pesado no es un capricho burocrático: es un acto de justicia social. Desde ahora, debe impulsarse una reforma legal para que la Ley Federal del Trabajo incluya de manera expresa que los vehículos pesados usados como herramientas de trabajo —particularmente pipas de gas, unidades de doble remolque y transporte de materiales peligrosos— sean objeto de inspecciones mecánicas preventivas y correctivas semestrales, verificación obligatoria de condiciones técnicas, capacitación obligatoria para conductores, neumáticos, frenos, suspensión, luces y sistema de escape, así como certificación de centros de mantenimiento automotriz autorizados por la STPS.
La regularización del transporte pesado es imperativa, dañan nuestras calles y avenidas, ponen en peligro las vidas de quienes transitan por las carreteras de nuestro país, y dejan en incertidumbre laboral a los conductores que son explotados por un sistema perverso. En tanto no recuperamos las vías de comunicación para democratizar y hacer un bien público los ferrocarriles de México, la regulación legal es la única opción para prevenir tragedias de este calado en nuestro país.