La presidenta Sheinbaum anunció el fin de la deducibilidad de los bancos en el IPAB antes FOBAPROA
Los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que hacen al IPAB (antes Fobaproa) lo que representa un paso valioso hacia la justicia tributaria, pues de origen esa es una deuda ilegítima, consecuencia de la omisión, opacidad y corrupción que imperó durante el apogeo del neoliberalismo.
El Fobaproa es el mayor fraude financiero cometido contra el pueblo de México que consiste en un mecanismo para hacer deudas privadas de los bancos en deuda pública de todos y todas las mexicanas por varias generaciones. Se trata de un lastre que hasta hoy consume recursos del erario y limita la capacidad del Estado para invertir en salud, seguridad, educación, vivienda y movilidad.
Por lo que esa deducibilidad será eliminada mediante el Paquete Económico 2026, y permitiría recuperar cerca de 10 mil millones de pesos anuales, aunque insuficiente, es un freno tajante al abuso de 2 décadas de la banca en México.
En 1994 apenas un mes después de la salida del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León comenzó su administración con el llamado “error de diciembre” en 1994: la economía mexicana sufrió una devaluación abrupta, fuga masiva de capitales y el colapso de gran parte del sistema bancario. Más tarde esa crisis que afectó el sistema financiero global fue conocida como “crisis del tequila”.
Bajo la lógica neoliberal de la época, encabezada por los gobiernos de Ernesto Zedillo y el consenso político que dominaba el Congreso, se optó por socializar las pérdidas privadas en nombre de la “estabilidad financiera”. Fue así como se consolidó un esquema de rescate bancario que, lejos de castigar la irresponsabilidad de las instituciones financieras, las premió, trasladando el costo al presupuesto público y a la ciudadanía. El argumento central era que el colapso del sistema bancario arrastraría a toda la economía; la consecuencia real fue que se garantizó la rentabilidad del sector financiero mientras se condenaba al pueblo a décadas de endeudamiento.
El monto original del rescate ascendió a 552 mil millones de pesos de finales de los noventa (equivalentes a más del 15 % del PIB de entonces), pero con intereses, comisiones y el refinanciamiento continuo, la deuda del Fobaproa–IPAB ha superado el 1 billón de pesos actuales.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), este pasivo se seguirá pagando hasta el año 2070. En términos individuales, se calculó que cada mexicano quedó endeudado con alrededor de 12 mil pesos en 1998, cifra que actualizada y acumulada a la fecha supera los 20 mil pesos por persona. Este es el costo de la corrupción moral y de la omisión del neoliberalismo que nos ató a una deuda ilegítima.
La eliminación de la deducibilidad de los bancos es oportuna además porque la banca nacional se ha beneficiado de todo un sistema para concentrar la riqueza y tener ganancias históricas el año pasado de más de 35 mil millones de pesos, lo equivale aproximadamente al 12 % de las utilidades del sector bancario, evidenciando que las ganancias están en su punto más alto. Con esta deducibilidad, buena parte de ese monto era descontado previamente de impuestos.
Sin embargo, el manejo humanista de la economía ha permitido también que más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, por lo que ha habido repartición de la riqueza, sin endeudamiento y también incremento de ganancias bancarias sin especulación, un avance a todas luces en el ámbito de la justicia social.
Es cierto que el crecimiento económico ha sido más bien modesto por factores exógenos, como el entorno global y la volatilidad externa. El conservador desempeño del PIB ha limitado nuestra capacidad para expandir inversiones públicas de forma inmediata. Sin embargo, la recuperación del sistema tributario mediante medidas como esta —complementadas con mayor inversión pública en salud, seguridad, vivienda, movilidad y protección social— sienta las bases para un próximo sexenio más próspero y equitativo.
Este será un aspecto relevante en la discusión de la Ley de Ingresos 2026, buscaremos un paquete redistributivo, con vocación social y que reoriente las prioridades hacia los temas de mayor preocupación nacional: salud y seguridad. Hoy la banca goza de utilidades históricas; no es desproporcionado pedir que se solidarice un poco más con las finanzas públicas.
La verdadera transformación no está en hacer crecer únicamente la riqueza; está en distribuirla de manera que llegue a quienes aún viven en pobreza o vulnerabilidad. La riqueza no es contagiosa. En ese sentido, esta medida es un paso necesario: no basta con salir de la pobreza; el objetivo de nuestros esfuerzos debe ser alcanzar una equidad estructural duradera.
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