El Congreso discutirá: presupuesto 2026 priorizando salud, educación y vivienda comunitaria
El primero de septiembre iniciará el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo del Congreso de la Unión, el periodo más largo y relevante puesto que entre otros temas se discutirá el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para el año fiscal 2026.
El contexto es favorable para el crecimiento económico y el fortalecimiento del bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que este periodo debe ser de consolidación legislativa, es decir, de dar cauce a los compromisos que la ciudadanía respaldó en las urnas, por lo que uno de los temas prioritarios será la reforma electoral.
El Congreso ha tenido meses intensos. En la LXVI Legislatura se aprobaron reformas constitucionales de gran calado: vivienda para trabajadores con la modificación al artículo 123, que obliga a garantizar acceso a créditos y soluciones habitacionales dignas; protección animal incorporada en los artículos 3, 4 y 73, reflejando un compromiso con los seres sintientes; salud emocional, mediante adiciones a los artículos 4 y 5 que fortalecen la universalidad del derecho; protección de maíces nativos que elevó a rango constitucional la obligación del Estado de preservar nuestro patrimonio alimentario; apoyo a jóvenes con una reforma al artículo 123 que amplía derechos laborales; no reelección y combate al nepotismo electoral modificando artículos clave de la Constitución para fortalecer la democracia; y simplificación administrativa y digitalización que moderniza al Estado en beneficio de la ciudadanía.
Estas reformas son un piso mínimo y el siguiente periodo debe servir para aterrizar en leyes secundarias, reglamentos e instituciones lo que en la Constitución ya quedó asentado. Uno de los ejes será la seguridad social.
México enfrenta el reto de que millones de trabajadores, especialmente en la informalidad, carecen de acceso a pensiones y salud. Morena impulsará mecanismos para ampliar la cobertura y evitar que la seguridad social siga siendo privilegio de unos cuantos. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha documentado que casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra fuera de sus esquemas. En economía, la presidenta Sheinbaum ha hablado de fortalecer la inversión pública en infraestructura estratégica y en movilidad sustentable.
El periodo de sesiones debe consolidar la Ley de Infraestructura para el Bienestar, propuesta del vicecoordinador parlamentario, Alfonso Ramírez Cuéllar, que asegure que las obras no solo sean grandes construcciones, sino proyectos que impacten en la vida cotidiana de la gente: transporte accesible, agua limpia, vivienda asequible.
Mi trabajo legislativo será para fortalecer el marco jurídico de los derechos de los trabajadores, así como su régimen de seguridad social. Sin embargo, aún hay muchos temas que no han logrado consensos y que son urgentes como la discusión sobre una nueva Ley General de Aguas que regule el uso, distribución y saneamiento con un enfoque de justicia socioambiental.
Además, urge crear un padrón público de empresas que vierten residuos contaminantes, como ya lo propuse en una iniciativa reciente. En movilidad, el reto es legislar para que el transporte público deje de ser sinónimo de inseguridad y precariedad.
No podemos olvidar que la discusión legislativa es también una disputa de proyectos. Mientras la oposición busca frenar avances con argumentos de supuesta defensa del mercado, Morena debe sostener que los derechos sociales no son concesiones, sino conquistas históricas.
El próximo periodo no será fácil. Los temas a discutir tocan intereses de grupos empresariales y políticos acostumbrados a privilegios. Sin embargo, la fuerza del mandato popular nos obliga a actuar con firmeza. El nuevo periodo de sesiones será decisivo. Además de las reformas que están en la agenda, el Congreso discutirá el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2026, quizá el tema más sensible porque define hacia dónde se dirigirán los recursos públicos.
Morena impulsará que el gasto se oriente a fortalecer la salud y la educación, pilares del bienestar social que no pueden seguir rezagados. Al mismo tiempo, el presupuesto deberá garantizar recursos suficientes para proyectos de vivienda digna, con programas que atiendan tanto a las zonas urbanas como a las comunidades rurales, donde el déficit habitacional sigue siendo un problema estructural.