La reforma electoral exige cohesión en Morena y un modelo económico con justicia social
Pablo Gómez Álvarez es una figura emblemática del movimiento estudiantil de 1968 y durante la transición democrática fue un referente clave de los movimientos populares y de izquierda. Tuve la fortuna de coincidir con él en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados (2018-2021) y posteriormente fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2019 a 2024.
Su reciente remoción de la UIF y su retorno al terreno electoral no son hechos menores. Aunque ocurrió en medio de la negociación diplomática con Estados Unidos por los aranceles al acero, aluminio y autos, la decisión obedece más bien a la visión estratégica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las versiones que sugieren que fue un “pago político” por concesiones arancelarias carecen de evidencia verificable que las sustenten, pero sobran de malas intenciones.
La comisión que ahora encabeza Gómez tendrá la misión de diagnosticar el sistema electoral y proponer una reforma que reduzca el financiamiento a partidos, elimine legisladores plurinominales y reconfigure al Instituto Nacional Electoral (INE). Tres ejes en los que Gómez ya colaboró con el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero en el llamado “Plan A” y posteriormente en su ajuste, el “Plan B”.
Pablo Gómez y Horacio Duarte han sido piezas centrales en la redacción de reformas políticas y electorales, así como en la lucha contra la corrupción. No obstante, el panorama interno de Morena no es sencillo: liderazgos internos y aliados como el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) han mostrado resistencia ante cambios que reducirían prerrogativas y privilegios propios del actual sistema de partidos.
Si Morena no logra cohesión antes de 2027, la percepción pública —ya desgastada— podría erosionar su fuerza política. El desgaste proviene de reformas judiciales controvertidas, casos de corrupción percibidos como el de Adán Augusto y un clima mediático adverso, que demandan autocrítica por poner en duda un eje principal de nuestra solvencia moral: la austeridad republicana.
Por otro lado, la reciente prórroga arancelaria con Estados Unidos evidencia la tensión entre soberanía económica y negociación internacional. La indefinición respecto al nuevo marco comercial ha generado cautela empresarial y frenado inversiones, sobre todo en la frontera norte, donde el proteccionismo impacta directamente en sectores industriales y exportadores.
En este escenario, Morena debe impulsar un Paquete Económico (PEF) 2026 con orientación progresista: fortalecer el gasto social, incentivar a la pequeña industria y preservar la autonomía institucional sin comprometer la responsabilidad fiscal, al tiempo que se avanza en una reforma electoral amplia.
Los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan que entre 2018 y 2024 la pobreza multidimensional en México disminuyó del 41.9 % al 36.3 %, mientras que la pobreza extrema pasó del 7.0 % al 5.1 %. Por su parte, el Centro Nacional de Estudios Urbanos y Sociales–Consejo Nacional de Evaluación y Equidad (CENSUS-CONAVEX) ha documentado que la equidad social y la sustentabilidad ambiental son inseparables para lograr un desarrollo integral.
Una reforma electoral que fomente la participación ciudadana debe estar ligada a un modelo de desarrollo que combata la pobreza, impulse vivienda digna y reduzca desigualdades territoriales. Solo así la democracia podrá consolidarse como un proyecto no solo representativo, sino también justo en términos sociales y materiales.