Cofece revela colusión bancaria en México; crédito es trampa para consumidores vulnerables
En México, el crédito al consumo, especialmente, las tarjetas de crédito debería ser una herramienta de inclusión y movilidad social. Sin embargo, se han convertido en un mecanismo extractivo disfrazado de oportunidad. Recientes hallazgos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirman algo que muchos ya intuían: el crédito ha sido un botín concertado.
La Cofece acusó a 21 bancos e instituciones financieras en México de coordinarse para fijar comisiones en pagos diferidos con tarjeta de crédito. Entre ellos se encuentran HSBC, Santander, Scotiabank, Banco Azteca, Banorte, Inbursa y Banca Mifel, entre otros. El organismo revela que estas entidades se reunían periódicamente para definir recargos que luego se formalizaban en reglamentos aplicados de manera conjunta, un consenso monopólico.
En un contexto donde las tasas de interés para pagos corrientes rondan entre el 30% y el 60% anual, y algunas instituciones reportan CAT (Costo Anual Total) promedio sin IVA de más del 80% o hasta 127% en productos bancarios comunes, nos enfrentamos a un sistema que penaliza al consumidor por tener necesidad de liquidez inmediata. Por ejemplo, Scotiabank reporta tasas de interés ponderadas anuales entre 35% y 80%, con CAT hasta de 123.9%, dependiendo del producto. Mientras tanto, Condusef ha identificado tarjetas como BanCoppel (85.7 %) y Afirme (66.4 %) con los CAT más elevados en las clásicas, las más abusivas.
Estas cifras no son abstractas. Significan que si una familia promedio (con ingresos mensuales por debajo de 10 mil pesos) mantiene saldo en tarjeta, es prácticamente imposible salir de la deuda por las comisiones, intereses moratorios y pagos mínimos.
La banca mexicana sigue obteniendo utilidades récord: en 2024 alcanzó más de 288 mil millones de pesos, un aumento del 6% respecto a 2023, encabezada por BBVA, Banorte y Santander. Esta es una gran paradoja de la 4T, pues la consigna de “por el bien de todos, primero los pobres” es severamente cuestionada.
La Cofece ha iniciado la etapa que puede compararse con un juicio administrativo, en la que los bancos deberán presentar su defensa. De confirmarse la colusión, podrían enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos anuales en México, aún insuficientes y simbólicas para todo el capital que han generado.
Es previsible que las entidades nieguen cualquier conducta ilícita y desplieguen sus equipos legales y de presión política. Sin embargo, este caso podría convertirse en un hito de la historia financiera nacional.