Materializar la consigna todo el poder al pueblo es posible con la democracia participativa
Los instrumentos de la democracia participativa llegaron a México muy tarde y en muchas de nuestras entidades federativas, aún no llegan. La democracia participativa es más antigua que la representativa, sin embargo, ha sido relegada por considerar que la ciudadanía puede ser manipulada o mal influenciada, por ello el liberalismo clásico ha promovido con mayor vehemencia a la democracia representativa, frente a la participativa.
Es hasta la década de los setenta que en algunos cientistas sociales de diferentes materias como Carole Pateman que definieron como instrumentos de la participación ciudadana a la consulta popular y a la revocación de mandato. Más tarde, se incluiría la figura del presupuesto participativo, que en México sería impulsada preponderantemente en el entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
En nuestra América la democracia participativa se ha implementado en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, etcétera; en Europa y Estados Unidos se ha impulsado sobre todo en casos locales o regionales. Sin embargo, la democracia participativa ha sido ocupada narrativamente como una figura para fortalecer a la ciudadanía frente al poder, es decir, la máxima de todo el poder al pueblo, suele ser tildada de populista.
A la llegada de AMLO a la Presidencia de la República en 2018 la democracia participativa se incorporó en nuestra constitución en el artículo 35 y luego a través de la Ley Federal de Revocación de Mandato en 2021, siendo el primer presidente en la historia de nuestro país en impulsar una consulta popular y una revocación de mandato, misma que se celebró el 10 de abril de 2022 con una participación de más de 16 millones de personas (17.7% del padrón), en el que el 91.8% de los participantes votó por que el presidente continuara con sus funciones hasta el 30 de septiembre de 2024.
La administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no puede ser la excepción, pues ella misma ha anunciado en diferentes ocasiones que se sometería a la figura de la revocación de mandato, por ello conviene recordar su procedimiento. La revocación de mandato inicia con una solicitud ciudadana que contemple al menos la firma del 3 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, aproximadamente 2.75 millones de firmas, que deben provenir por lo menos de 17 entidades federativas con el 3 por ciento de su padrón electoral respectivamente.
El Instituto Nacional Electoral verifica la legalidad de dichas firmas y emite la convocatoria para que se realice el procedimiento, defina cómo se difundirá el ejercicio, cómo se llevará a cabo la jornada electoral, cómo se instalarán las casillas y cómo serán las boletas. Para que la revocación de mandato sea vinculante u obligatoria se requiere al menos que haya votado el 40% de la lista nominal.
Tuve la fortuna de ser legislador para aprobar tanto la reforma constitucional como la promulgación de la Ley previamente citada, por ello, es importante destacar que hay un artículo transitorio que vincula a las entidades federativas a homologar sus constituciones e impulsar una Ley de Participación Ciudadana que contemple diversas figuras de democracia participativa como referéndum, iniciativa ciudadana, consulta popular, revocación de mandato y presupuesto participativo.
Próximamente Puebla iniciará con esta obligación constitucional para evitar el desacato y con ello debemos prepararnos para el proceso nacional y local. A nivel nacional muy probablemente se llevará a cabo después de la elección de 2027, es decir en el segundo semestre del año, ya que según el artículo 35 fracción IX numeral 7 de la Constitución: “La jornada de votación será en fecha determinada dentro de los noventa días posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, es decir, después del 30 de septiembre de 2027 y antes del 29 de diciembre de 2027.
Sin embargo, lo anterior podría conllevar un gasto doble, cuando es un año electoral, por lo que muy probablemente se pueda iniciar próximamente una discusión constitucional para empatar las fechas y así cumplir las obligaciones constitucionales del estado de manera estratégica. Próximamente estas figuras podrán ser utilizadas en todos los ámbitos de gobierno, cosa de celebrarse, pues es justo en los municipios y las entidades federativas donde la participación ciudadana debe fortalecerse cada vez más frente al poder.