Eliminar las AFORE exige un debate serio; la vejez no debe ser negocio, sino un derecho universal
La reciente propuesta del Partido del Trabajo (PT) para eliminar las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y crear un sistema público de pensiones ha generado un debate legítimo, profundo y necesario.
Se trata de una iniciativa que cuestiona el modelo neoliberal impuesto desde hace más de dos décadas y que ha convertido la vejez en un negocio financiero, muchas veces ajeno a la realidad de la clase trabajadora mexicana.
Desde mi trinchera como legislador de izquierda y miembro de Morena, he acompañado una ruta de reformas que desde 2018 buscan reconstruir el Estado social y ampliar los derechos de las y los trabajadores. Entre los avances recientes, destacó la creación del IMSS-Bienestar, como sucesor del Seguro Popular, para garantizar atención médica gratuita y universal; la reforma laboral de 2019, que democratizó la vida sindical y fortaleció los contratos colectivos; y la reforma al sistema de pensiones de 2020, que redujo las semanas de cotización requeridas, aumentó las aportaciones patronales y elevó la pensión mínima garantizada.
A ello se suman la actualización de la Modalidad 40 y la introducción del complemento solidario en 2024 para mejorar las pensiones de quienes ganan menos. Estas medidas responden a un objetivo común: construir una seguridad social universal, digna y solidaria.
La propuesta del PT, entonces, no debe leerse como una propuesta espontánea, sino como una consecuencia de diferentes reformas que buscan mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora en México. El PT propone sustituir el esquema de capitalización individual por un modelo de reparto administrado por un nuevo organismo público: el Instituto Nacional de Pensiones para el Bienestar.
Bajo este esquema, las pensiones se financiarían con aportaciones tripartitas (trabajador, patrón y Estado) y se garantizaría una cobertura solidaria, desligada de las fluctuaciones del mercado financiero. La iniciativa busca recuperar el principio de solidaridad intergeneracional y reposicionar al Estado como garante de derechos sociales.
El problema, sin embargo, es la viabilidad presupuestal de la propuesta y la resistencia de los factores económicos de eliminar el sistema AFORE, instaurado en 1997 bajo promesas de eficiencia y rendimiento, pero que no ha cumplido su cometido. De hecho, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ha reconocido que cerca del 70 por ciento de quienes se jubilen bajo este esquema recibirán una pensión inferior al salario mínimo. Esto no es responsabilidad de las personas trabajadoras, sino del modelo mismo: empleos precarios, informalidad, bajos salarios y alta rotación laboral impiden que se acumulen los recursos suficientes.
Desde Morena, seguiremos impulsando una agenda que ponga en el centro la dignidad de las personas trabajadoras. El debate sobre las AFORE apenas inicia, y es saludable que lo haga con argumentos, cifras y visión de futuro. No se trata de improvisar, sino de corregir un rumbo que ha fallado a millones. La seguridad social debe dejar de ser un privilegio y convertirse, de una vez por todas, en un derecho universal.