Bancos proponen tribunales financieros para agilizar juicios y facilitar crédito a MiPyMEs
Un país sin financiamiento es un país sin desarrollo. Durante la Convención Bancaria celebrada en México, una de las principales peticiones de la titular del Ejecutivo Federal fue la reducción de tasas de interés, disminución de comisiones y un mayor otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
A pesar de que este sector constituye el motor de la economía nacional —con casi cinco millones de empresas, el 70 % de los empleos y el 52 % del Producto Interno Bruto (PIB)— solo recibe el 10 % del financiamiento total.
Esta limitada asignación de recursos ha inhibido el desarrollo económico, la creación de empleos y ha fortalecido la concentración del mercado en grandes empresas, principalmente transnacionales, que sí acceden a financiamiento por parte de los bancos establecidos en México. Por ello, es urgente que se generen nuevos esquemas que faciliten el acceso al crédito para las MiPyMEs, con tasas de interés más accesibles y condiciones justas. Esto permitiría incentivar el crecimiento de empresas nacionales y fortalecer la economía interna, sobre todo ante el proteccionismo económico impulsado por Donald Trump, que obliga a replantear el modelo de desarrollo mexicano.
En contraste, la banca en México sí muestra una alta disposición a prestar en segmentos de tarjetas de crédito y créditos personales, debido a su alta rentabilidad y retorno de inversión. En estos productos financieros, los intereses pueden llegar al 60 % anual, una cifra que en otros países podría considerarse un delito o una violación a las normativas de competencia justa.
Los banqueros, en respuesta a estas demandas, han propuesto una reforma al marco jurídico mercantil y la implementación de tribunales financieros en todo el país. Esta medida permitiría una recuperación más ágil de las garantías en caso de impago. En Estados Unidos, por ejemplo, un proceso de recuperación hipotecaria o prendaria toma en promedio seis meses, mientras que en México se extiende a más de dos años. La propuesta de los banqueros incluye también medidas más estrictas en procesos de embargo y requerimientos judiciales.
Frente a este panorama, es crucial que el gobierno mexicano abra un diálogo con el sistema financiero para impulsar un cambio profundo: mayor financiamiento, más accesible y destinado a los segmentos desatendidos. Asimismo, resulta imprescindible analizar la posibilidad de dar mayor celeridad a los juicios mercantiles, cuyo promedio de resolución actualmente excede los dos años. Solo a través de estas reformas se podrá promover un desarrollo económico más equilibrado y justo en el país.