La impunidad no debe tener fuero; el caso Blanco exige congruencia, ética y rendición de cuentas
La participación política de Cuauhtémoc Blanco ha sido bastante polémica desde su incursión, pues el exfutbolista mexicano fue impulsado por el Partido Encuentro Social (PES) como parte de una estrategia muy cuestionable de utilizar a personajes de la farándula para conservar su registro como partido político que sumado al fenómeno electoral de 2018 permitió que fuera electo abrumadoramente como gobernador de Morelos.
Su desempeño como gobernante ha sido muy cuestionable y en su contra se han vertido graves señalamientos que no podemos omitir en toda esta trama e independientemente de la motivación política que pueda tener el también cuestionado fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara; lo cierto es que la solicitud de desafuero que se recibió en la Cámara de Diputados ha despertado un intenso debate en torno a la impunidad, el fuero y la inmunidad constitucional.
Por ello, y en virtud de la complejidad del caso, y hasta cierto punto la imposibilidad de determinar la responsabilidad penal, diversos diputados federales como Alfonso Ramírez Cuéllar hemos tomado una posición política para que nadie ocupe la dignidad de un cargo público para evadir responsabilidades jurídicas.
Si bien, en principio esta figura tiene por objetivo proteger a los legisladores de posibles represalias políticas, en México ha sido utilizada de manera perversa, incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sentó un gran precedente para renunciar a la protección de esta figura, eliminando de tal suerte el fuero y la inmunidad para institución presidencial.
En ese sentido y siguiendo el ejemplo de nuestro líder histórico y moral, es que lo más sensato como servidores públicos y en particular como legisladores federales es eliminar el fuero y la inmunidad constitucional para que no exista impunidad, y demos certeza a la ciudadanía de hacer buen uso de los diferentes espacios de representación popular.
Sin embargo, el fuero no implica impunidad. Cuando un legislador es acusado de cometer un delito, existe un procedimiento legal denominado «desafuero» que permite retirar esta protección para que el acusado pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.
El caso de Cuauhtémoc Blanco pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas de nuestros representantes populares. Como legisladores tenemos el compromiso de actuar con congruencia y ética, garantizando que la justicia prevalezca y que nadie esté por encima de la ley.
Es fundamental que los procesos de desafuero se realicen con transparencia y objetividad, evitando cualquier sesgo político que pueda minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, aunque por principios y atendiendo a la demanda de la sociedad deberíamos generar un gran acuerdo para reformar la Constitución y eliminar esta figura que tanto se ha pervertido.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es una bandera histórica de nuestro movimiento. No podemos permitir que casos como el de Cuauhtémoc Blanco debiliten la credibilidad de nuestro proyecto de nación.