Urge la reforma judicial para erradicar la corrupción e impedir que el crimen controle la justicia
El debilitamiento de nuestras instituciones ha permitido el avance de redes criminales en el Estado mexicano. Sin embargo, lo más preocupante es que este fenómeno ha arraigado en los eslabones más vulnerables: los municipios y los operadores del sistema judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Si bien esta realidad no debe generalizarse, sí es necesario admitirla. No obstante, ha sido utilizada con fines injerencistas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y más recientemente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que el crimen organizado está infiltrado en el Poder Judicial mexicano y que ello ha interrumpido la cooperación entre ambos países.
Más allá del discurso intervencionista del republicano, lo cierto es que la justicia en nuestro país enfrenta un cáncer: la penetración del crimen en tribunales, jueces y magistrados que, lejos de aplicar la ley con imparcialidad, han convertido el sistema judicial en un instrumento de impunidad para intereses oscuros.
Ante este panorama, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó ser no solo pertinente, sino imprescindible para renovar y depurar lo impostergable: erradicar la corrupción en el Poder Judicial.
Estas prácticas corruptas, que han perseguido a la impartición de justicia desde tiempos coloniales, no son una percepción ni un simple argumento político; son un hecho que afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos. Los grandes capos del narcotráfico, los operadores de lavado de dinero y las redes de trata de personas han encontrado cobijo en un sistema que, bajo la bandera de la autonomía, ha funcionado como un mercado de favores donde la justicia se compra y se vende al mejor postor.
La reforma judicial ha sido duramente criticada por quienes defienden el statu quo o por aquellos que, con genuina preocupación, temen por la independencia de los poderes. Sin embargo, quienes formamos parte de un movimiento popular entendemos que transformar el país implica enfrentar los intereses que han saqueado a México.
Por ello, el comentario injerencista de Rubio no solo es malintencionado, sino que ignora el contexto en el que nuestro país está librando una lucha severa contra la corrupción. Como parte de este esfuerzo, el próximo 1 de junio renovaremos diversos cargos del Poder Judicial Federal a través de un proceso electoral amplio, democrático e informado.
Mientras jueces y magistrados conceden amparos exprés para liberar a criminales, empresarios corruptos y políticos implicados en desfalcos multimillonarios, las víctimas de feminicidio, desapariciones y fraudes inmobiliarios chocan con un muro de burocracia y negligencia. En este contexto, la transformación del sistema judicial no es una opción, sino un acto de responsabilidad histórica.
No podemos seguir permitiendo que los tribunales sean refugio de la impunidad ni que el sistema se perpetúe en torno a redes de influyentismo y nepotismo. El verdadero debate no es si la reforma judicial es viable, sino cuánto daño nos ha causado no haberla implementado antes. La soberanía de México no se defiende con discursos ni con la simple oposición a la injerencia extranjera; se defiende con instituciones fuertes, con jueces comprometidos con la justicia y con un sistema legal que no sea un arma del crimen contra el pueblo.
México está en un punto de inflexión. Estamos construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, un cambio de régimen pacífico y democratizador que debe consolidar la justicia como pilar fundamental de nuestra nación.