El mal uso del crédito financiero puede excluir sistemáticamente a los más vulnerables
Desde la crisis financiera de 1994, se implementó un registro nacional de operaciones de impago de cuentahabientes con instituciones de crédito. Este sistema está conformado por dos Sociedades de Información Crediticia: el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Con el tiempo, estas instituciones se han convertido en un factor determinante para el acceso o la exclusión del sistema crediticio en México.
Si bien es necesario contar con un registro que mida el riesgo de impago de los cuentahabientes, este mecanismo también ha generado barreras para millones de personas que buscan financiamiento para adquirir una vivienda o un vehículo, ya que una calificación negativa en el Buró de Crédito puede impedir el acceso a créditos incluso cuando la deuda ya ha sido saldada o cuando el monto adeudado es menor a 12,606 pesos.
En otras palabras, compromisos financieros relativamente pequeños, como la compra de un celular, una pantalla o una sala en tiendas de conveniencia como Coppel o Elektra pueden bloquear el acceso a préstamos de mayor envergadura. Esto no solo limita las oportunidades económicas de las personas, sino que también perpetúa la desigualdad financiera y la exclusión económica.
Por esta razón, presentaré una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar tres ordenamientos clave: la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para reducir el tiempo en que una persona permanece en la «lista negra» del Buró de Crédito, garantizando un acceso más equitativo al financiamiento y protegiendo a quienes ya han cumplido con sus obligaciones financieras.
Actualmente, la información negativa en el Buró de Crédito puede permanecer hasta por 72 meses (seis años). Esto significa que una persona que atravesó dificultades económicas y ya liquidó su deuda sigue siendo castigada de manera desproporcionada por el sistema financiero.
Mi propuesta consiste en que, las deudas menores a mil 500 UDIS (aproximadamente 12 mil 606 pesos) sean eliminadas del Buró de Crédito en un plazo máximo de 36 meses, en lugar de los 72 meses actuales., además quienes hayan liquidado su adeudo tengan derecho a solicitar su baja del registro negativo después de 24 meses y en general que en ningún caso, la información negativa en las sociedades de información crediticia deberá conservarse por más de 60 meses (cinco años).
Esta reforma no solo representa un acto de justicia financiera, sino que también fortalecerá la economía nacional. Un sistema de información crediticia más flexible permitirá que miles de familias se reincorporen al mercado financiero, reactivando la economía interna y fomentando la inversión.
En un contexto de desaceleración económica y tensiones comerciales internacionales, es fundamental garantizar que el sistema financiero no sea un obstáculo para el desarrollo, sino una herramienta para el crecimiento