Urge una reforma fiscal progresiva y redistributiva para seguir construyendo bienestar
Esta semana en el Congreso abordaremos una de las reformas más importantes en materia de bienestar: la modificación de los artículos 4 y 27 de nuestra Constitución. Estos cambios no solo buscan consagrar un mayor acceso a derechos sociales y recursos naturales, sino también replantear el papel del Estado en la lucha contra la desigualdad, particularmente a través de una política fiscal más justa y redistributiva.
El economista Thomas Piketty ha sido una referencia central en la discusión sobre la redistribución de la riqueza. En su obra El Capital en el Siglo XXI, Piketty realiza una crítica profunda a la autonomía del mercado y resalta la necesidad de que el Estado asuma un rol activo en garantizar la equidad económica. La globalización y las economías supranacionales han complicado este panorama, pero uno de sus mayores aportes es el llamado a implementar políticas redistributivas tanto a nivel mundial como doméstico. En México, esta discusión debe ser parte del debate sobre cómo combatir la concentración del capital en pocas manos.
Uno de los puntos clave que Piketty subraya es la importancia de gravar con mayor severidad las grandes herencias. Estas perpetúan una desigualdad intergeneracional que es difícil de combatir si no se reconoce el privilegio de quienes las reciben. A este punto, debemos agregar un impuesto progresivo a las grandes riquezas, donde quienes más tienen contribuyan más, permitiendo que los sectores menos favorecidos puedan construir patrimonio y mejorar su calidad de vida.
Lo que se recaude de estas medidas fiscales no debe ser visto como un fondo general, sino como un recurso para atender las desigualdades que provienen de diversas fuentes: clasismo, racismo, meritocracia, y sistemas de creencias religiosas que justifican la exclusión. Este dinero debería dirigirse hacia los programas sociales que se harán constitucionales y apoyen a quienes históricamente han sido marginados, impulsando así una sociedad más justa.
Además de estas reformas fiscales, es crucial que esta discusión esté acompañada de una reforma laboral profunda. Salarios dignos, una reducción de la jornada laboral cuando menos a 40 horas, y mejores servicios públicos deben ser parte de la agenda legislativa. Solo así podremos superar el neoliberalismo, un modelo que, en su momento, promovió la privatización y la reducción del Estado, afectando gravemente el tejido social y económico de nuestro país.
El neoliberalismo colocó a México en una posición de desigualdad estructural, promoviendo el saqueo de nuestros recursos y la desindustrialización, sin embargo, aún estamos lejos de erradicar los males de este sistema. Si bien la actual administración ha impulsado políticas progresistas en áreas como los programas sociales, queda pendiente una verdadera reforma fiscal que grave más severamente a los grandes capitales y fortifique nuestra capacidad para redistribuir la riqueza.
El neoliberalismo se ha sustentado en narrativas que justifican la desigualdad, como bien señala Piketty en su obra Capital e Ideología. La meritocracia, el clasismo y el racismo han sido utilizados como justificaciones para mantener el status quo. En México, estas narrativas han sido desmontadas por autores como Gerardo Esquivel y Viridiana Ríos, quienes, en sus investigaciones, han demostrado cómo estos sistemas no son naturales ni inevitables, sino el resultado de decisiones políticas que podemos y debemos cambiar.
La reforma que proponemos no es solo un ajuste técnico. Es un paso necesario para construir un México más justo, un país donde el bienestar no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho garantizado para todos.