Entre los principales hallazgos, destaca la reducción excesiva en el personal, el nulo uso de su presupuesto que oscila en los 29 millones de pesos y su falta de coordinación con la Comisión de Derechos Humanos.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla expone las deficiencias, aciertos y fallos de una de las instancias clave en la atención, contención y orientación de víctimas en Puebla. Esto, a través del análisis técnico titulado Avances y retrocesos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: 2022-2024.
La Mtra. Shanik David George, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por El Derecho a la Verdad del IDHIE, remarca los tres hallazgos más importantes de este informe: la reducción considerable de personal de 2022 a la actualidad, que bajó de 98 a 80, y el recorte en el área de atención jurídica, pues solo cuentan con 30 personas para brindar acompañamiento a al menos 6,000 personas al año.
De igual manera, es preocupante el poco o nulo uso que se le da al fondo de asistencia, ayuda y reparación integral, que es de alrededor de 29 millones de pesos. A esto se suma la falta de vinculación y coordinación con la Comisión de Derechos Humanos para atender de manera pronta e integral a las víctimas.