Una deficiente impartición de justicia es también responsabilidad de los fiscales generales
Como lo mencioné en una de mis artÃculos de principios de este año, para el presidente López Obrador, los conflictos y la guerra que hoy libra en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de todo el Poder Judicial de la Federación, no existió durante la gestión del expresidente de la Corte, Arturo ZaldÃvar Lelo de Larrea, a quien pretendió sin lograrlo extender su periodo dos años más al frente del máximo tribunal de nuestro paÃs, porque le garantizaba el control y manejo de los asuntos y expedientes en los que tenÃa intereses el gobierno federal y el tener sometidos y amenazados a los jueces y magistrados, que tenÃan en sus manos dichos juicios y que fueron obligados a emitir resoluciones a favor de la Federación y del presidente y sus funcionarios.
Dicha situación, si bien, siempre se ha dado en forma velada en los sexenios de los presidentes del perÃodo neoliberal, nunca se llegó al grado de que aún y cuando la opinión pública está enterada de la forma en que el ex consejero jurÃdico de la Presidencia de la República Julio Scherer IbarraÂmaquinó con Záldivar en los juzgados de distrito y Tribunales de Circuito para favorecer a los intereses de AMLO; ahora resulta, que desde la llegada de la actual presidenta de la Corte Norma Piña, para López Obrador el Poder Judicial de la Federación está podrido y lleno de corrupción con lo que pretende convencer a los ciudadanos, que por ello es indispensable se apruebe la denominada reforma judicial y se nombren a los Ministros de la Corte, Magistrados y Jueces federales mediante el voto directo de los ciudadanos.
Lo anterior significa, que si la actual presidenta de la Corte se hubiera subordinado a las órdenes del Ejecutivo y aceptado su intromisión en los juicios, tirando lÃnea a los juzgadores para favorecer al presidente, violando la autonomÃa del Poder Judicial, hoy la historia serÃa completamente distinta y quizás la reforma judicial, no se hubiera propuesto, ya que serÃa innecesario transformar las cosas; si finalmente AMLO tendrÃa bajo su control y mando a la Suprema Corte de Justicia y a todo el Poder Judicial de la Federación; sobre todo porque él entiende que sà puede haber corrupción y ser tolerada, siempre y cuando ello no sea contrario al proyecto de transformación impulsado por su gobierno y que continuará a partir del 1 de octubre de este año, cuando asuma la presidencia la virtual ganadora de la elección, Claudia Sheinbaum.
Pero como el hubiera no existe, en estos momentos, no sólo dentro de nuestro paÃs, sino también en otros paÃses como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, con los que México mantiene relaciones comerciales y de negocios, con grandes proyectos de inversión; la preocupación no es menor, por el hecho de que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, habrÃa desconfianza en los inversionistas, que no tendrÃan certeza jurÃdica que les garantice que sus derechos estarÃan salvaguardados, por la llegada de Ministros, Magistrados y jueces, sin carrera judicial y que deberÃan sus puestos a Morena precisamente para favorecer al gobierno federal y de los estados, aplicando la ley a modo y sin ninguna independencia judicial.
No podemos negar, que el Poder Judicial de la Federación, asà como el de los Estados, sigue teniendo serÃas deficiencias y que aún prevalecen las viejas prácticas de nepotismo, corrupción y conflictos de interés que muchas veces han afectado los derechos de los ciudadanos, poniendo la balanza de la justicia al mejor postor.
Pero de eso, a impulsar su desmantelamiento y su toma para que en México ahora la impartición de justicia se encuentre secuestrada por un partido polÃtico y por el grupo en el poder, es una situación muy grave, que hará retroceder a México cincuenta años en su evolución jurÃdica.
A estas alturas del debate nacional, del anuncio de una encuesta que se aplicará este fin de semana, a quién sabe quién, con qué preguntas y sin que se tenga conocimiento de quién la estará pagando para que se opine si se debe aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación, sin que nadie pueda dudar del resultado de todos conocido.
Resulta evidente, que la intención del presidente es vengarse de todo el Poder Judicial por haberse puesto en su contra, sin importar los riesgos y consecuencias para el paÃs, en los ámbitos polÃtico, social, económico y de derechos humanos.
Sin embargo, olvida el presidente, que una parte importante del problema de una deficiente impartición de justicia, inseguridad, impunidad y corrupción que azota al paÃs; es también responsabilidad de quienes tienen a su cargo la procuración de justicia y la persecución de los delitos a nivel federal y de los estados y que son precisamente los fiscales generales, cuya actuación deja mucho que desear y que se han convertido en cuna de la corrupción coludidos con los grupos de la delincuencia organizada y de los carteles.
Asà aunque AMLO culpa al Poder Judicial de la Federación de las deficiencias en la administración de justicia, por dejar en libertad a presuntos delincuentes y porque no aplican en forma contundente la prisión preventiva oficiosa; se olvida de los errores que cometen las fiscalÃas en la integración de las carpetas de investigación y de que, aunque no le guste al presidente, la ley, sà es la ley.
Quien crea que con la aprobación de la reforma constitucional en materia de  administración de justicia, con la elección por voto directo de Ministros, Magistrados y jueces, se terminará con los vicios del Poder Judicial de la FederaciónÂy ya no habrá más corrupción en dicho poder, vive en un error, ya que por el contrario al politizar la impartición de justicia,Âhabrá más corrupción y no se beneficiará a los ciudadanos, que deben contar con un poder, conformado por expertos en la interpretación y aplicación del marco jurÃdico del paÃs y no por funcionarios subordinados al Poder Ejecutivo, quienes sólo estarán ahÃ, sin ninguna independencia judicial y sin contar con los conocimientos y experiencia para ser integrantes del Poder Judicial.